Allanaron gimnasios en una causa por lavado de dinero vinculado al narcotráfico

La Justicia Federal llevó adelante una serie de allanamientos contra una cadena de gimnasios sospechada de funcionar como una estructura utilizada para blanquear dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

Los procedimientos fueron realizados en 18 domicilios con la participación de alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de especialistas en análisis contable e informático.

Como resultado del operativo, cinco personas fueron detenidas y otras dos quedaron imputadas por el delito de lavado de dinero.

La investigación fue impulsada a partir de la denuncia de una persona que se acogió al régimen del arrepentido y estuvo a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, junto con la jueza federal Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia.

Los allanamientos alcanzaron sedes en Chaco y Corrientes

Los procedimientos se realizaron en distintas sucursales de la cadena de gimnasios Exen, ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, además de una sede proyectada dentro del Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que el hotel no es investigado, sino la concesión otorgada a la cadena de gimnasios para instalar una sede en ese lugar.

“Los allanamientos se realizaron en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, y en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba la instalación de otra sede. También se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas”, informó el Ministerio Público Fiscal.

Detectaron una diferencia millonaria en las máquinas

Uno de los principales indicios analizados por los investigadores fue la adquisición del equipamiento utilizado en las sedes de la cadena.

Los peritos determinaron que existía una diferencia de más de 582 mil dólares entre el valor estimado de mercado de las máquinas y el monto que figuraba en las facturas de compra.

“Para las cuatro sucursales ubicadas en Resistencia y la sede de Barranqueras, los peritos policiales estimaron que el valor de los bienes de uso ascendía a 989.793 dólares, mientras que las facturas relevadas representaban unos 407.743 dólares. De ese cotejo surgió una diferencia de aproximadamente 582.049 dólares —equivalente al 58% del activo fijo relevado—, que la fiscalía consideró no justificada”, detallaron desde la investigación.

Una expansión bajo sospecha

La causa tomó fuerza luego de que los investigadores analizaran el crecimiento de la cadena de gimnasios, que habría inaugurado siete sedes en menos de un año.

Según el fiscal Sabadini, ese ritmo de expansión no tendría correlación con la situación económica declarada por los responsables del negocio.

“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, afirmó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Además, sostuvo: “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”.

La investigación apunta a vínculos con una organización narcocriminal

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la persona que declaró como arrepentida habría vinculado a un grupo familiar con una concesionaria de vehículos y con una organización investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Los investigadores también analizaron otros movimientos patrimoniales, entre ellos la compra de vehículos, viajes al exterior, mejoras edilicias y el nivel de vida de los imputados.

Al respecto, Sabadini señaló que “se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios, donde todos ellos mantienen una estética similar, destacándose por el lujo y las prestaciones otorgadas, como así también, en forma particular las adquisiciones de vehículos, viajes al exterior, además del costoso nivel de vida que llevan los encartados, que importarían erogaciones dinerarias de montos multimillonarios, verificándose exteriorizaciones patrimoniales incongruentes que no se justifican con sus perfiles económicos declarados”.

El fiscal también consideró que “la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usual para lavar activos de origen espurio” y sostuvo que esa modalidad “podría verse configurada en autos”.

La investigación continúa para determinar el origen de los fondos utilizados y el grado de participación de cada uno de los involucrados.