Caputo en la mira: Denuncian una “cadena de ilegalidades” en la privatización de las represas hidroeléctricas que se quedaron los Neuss

Las privatizaciones con las que el gobierno nacional pretende recaudar entre este año y el próximo unos US$2.300 millones siguen generando polémica. Ahora, la Fundación Soberanía amplió la denuncia en la provincia de Neuquén para que se investigue la privatización de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue, porque “responde a un mecanismo sistemático y planificado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un grupo reducido de empresas vinculadas al entorno del poder político, todo ello en franca violación del bloque de legalidad administrativa”.

De comprobarse, la operación podría declararse nula. Entre las firmas beneficiadas por la privatización apuntada se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.

Según la denuncia, se terminó de constituir “un circuito de beneficiarios de las privatizaciones del gobierno nacional”. En el documento al que tuvo acceso en exclusiva Ámbito, se describe una “cadena de ilegalidades”, que se compone de cuatro eslabones que apuntan directamente contra el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación; Subvaluación de activos gracias a la participación del BICE y la confesión de la finalidad recaudatoria; La Identificación de los beneficiarios: El Mismo Patrón se Repite, y La Consumación de la Ilegalidad: El concurso “Sin Base” y el Apuro Fiscal.

El eje inicial de los cuestionamientos es el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación, bajo la conducción de Julio Villamonte. El TTN, que funciona dentro de la órbita de la cartera de Economía, quedó expuesto, de acuerdo con la presentación, porque no se respetaron los tiempos necesarios para que desarrolle la labor para la que fue creado y, a la vez, porque el verdadero objetivo del Poder Ejecutivo no fue “una tasación objetiva, sino la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”. La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, encabezado por el magistrado Hugo Greca.

“Evidente falta de buena fe”
La presentación concluyó que “la secuencia temporal de las notas intercambiadas entre la Secretaría de Energía y el TTN, que se acompañaron oportunamente como prueba documental y que han sido publicadas en los medios de comunicación, demuestra una evidente falta de buena fe administrativa y la preconstitución de una causal de imposibilidad temporal”.

En esa instancia aparece el BICE, conducido por Maximiliano Voss, cuya unidad de valuación recién acaba de cumplir un año desde su creación y es la encargada de reemplazar al TTN, por decisión de Caputo.

Según la ampliación presentada por Soberanía, “se habría pretendido desplazar las competencias específicas de tasación de bienes del Estado hacia el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) entidad financiera que orbita bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, es decir, del propio órgano que impulsa, diseña y ejecuta el plan de privatizaciones––, que además de ser su principal accionista designa a sus autoridades, configurando así una dependencia funcional y jerárquica que pulveriza cualquier atisbo de imparcialidad técnica”.