Fracasó la mediación judicial entre el Gobierno y las universidades

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron ante la Justicia su reclamo por la actualización urgente de fondos para funcionamiento, investigación y el sostenimiento de los hospitales universitarios.

La audiencia, convocada por el juez Martín Cormick, terminó sin acuerdo y dejó abierto un conflicto que sigue sin resolución. Pese al fallo de la Corte Suprema que ordenó girar recursos de forma inmediata para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo mantuvo la parálisis aplicada mediante el Decreto 759/25.

Ante este incumplimiento, Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, fueron denunciados penalmente por incumplimiento de deberes. Durante la audiencia, representantes del sector universitario advirtieron sobre la “grave situación” que atraviesan.

Del otro lado, los representantes de la administración de Javier Milei, se limitaron a tomar nota de los planteos y trasladaron la discusión a la mesa paritaria, prevista para el 1 de septiembre. De esta manera, la audiencia judicial terminó sin una salida concreta para las universidades, ni una respuesta inmediata al reclamo de fondos.

Al reducir una orden de la Corte Suprema a una anotación en borrador y trasladar el conflicto a la mesa paritaria, el Gobierno confirma su estrategia de desproteger la educación. Sostener un vaciamiento presupuestario y judicializar una ley sancionada, no es una simple gestión de recursos: es una decisión política deliberada de desfinanciar la universidad pública.