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La Rioja pidió ser querellante por el presunto desvío de más de $1 billón destinados a rutas

Ricardo Quintela
Ricardo Quintela
martes 25 de agosto de 2026

El Gobierno de La Rioja se presentó ante la Justicia Federal para solicitar que la provincia sea aceptada como querellante en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), fondos que tenían asignación específica para la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial nacional y que, según la denuncia, fueron colocados en instrumentos financieros.

La presentación fue realizada por el gobernador Ricardo Quintela en representación del Estado provincial y apunta a determinar si en el manejo de esos recursos pudieron cometerse delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La eventual responsabilidad penal, de todos modos, deberá ser establecida por la Justicia. La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios nacionales vinculados con la administración de los fondos.

También incluye a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a funcionarios del Banco de la Nación Argentina que hayan intervenido en las operaciones cuestionadas.

Según la documentación incorporada al expediente, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 de recursos del SISVIAL colocados en instrumentos financieros, entre plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional.

Para la Provincia, el volumen de las colocaciones y el tiempo durante el cual permanecieron allí constituyen un indicio de que los fondos fueron utilizados para un destino diferente del previsto por el régimen que los creó.

La presentación agrega que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Milei se asignaron al SISVIAL alrededor de $1,5 billones, pero sólo unos $394.406 millones fueron efectivamente destinados a obras y mantenimiento vial. La Provincia calcula así una subejecución cercana al 73,8%.