Denunciaron a siete pesqueras por operar en el Mar Argentino con licencias británicas

Una nueva denuncia judicial puso bajo la lupa a siete empresas pesqueras internacionales que desarrollan actividades en el Mar Argentino y el Atlántico Sur con autorizaciones emitidas por autoridades británicas desde las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada este lunes 14 de septiembre ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano. El expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.

Según los denunciantes, las actividades de estas compañías tendrían impacto sobre la soberanía argentina, el control aduanero y la explotación de los recursos naturales de la plataforma continental y de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Las empresas denunciadas

La presentación alcanza a siete compañías, en su mayoría de origen español o vinculadas a capitales de ese país:

• Lanzal, relacionada con Petrel Fishing Company Ltd., que opera con el buque Monteferro, registrado en las islas.
• Grupo Pereira, asociada a Argos Group Ltd., cuyos buques incluyen Argos Cíes y Argos Berbés.
• Pescapuerta, vinculada a South Atlantic Squid, con los buques Falcon, Prion y Robin M. Lee.
• Copemar, también relacionada con South Atlantic Squid, que opera con el buque Hadassa Bay, en reemplazo del Baffin Bay.
• Ferralmes, vinculada a Castelo Fishing Co., con el buque Castelo.
• Hermanos Touza, relacionada con Beaufort Fishing Ltd., que opera con el buque Hermanos Touza.
• Moradiña, vinculada a Polar Ltd., con el buque New Polar Playa de Sartaxens, que cuenta con bandera española y de las islas.

Qué se investiga

La denuncia plantea que estas operaciones podrían configurar distintas maniobras vinculadas con contrabando y evasión de controles aduaneros.

Uno de los puntos señalados es la extracción de recursos pesqueros en zonas marítimas que Argentina considera bajo su jurisdicción, seguida de exportaciones, transbordos en alta mar o desembarcos en Puerto Argentino/Stanley o en terminales de terceros países, sin intervención de organismos argentinos.

Los denunciantes también cuestionan el uso de licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, ya que sostienen que permitirían a las empresas desarrollar actividades pesqueras sin someterse a los controles argentinos y, eventualmente, evitar el pago de derechos de exportación y otras obligaciones.

La presentación solicita investigar si estas conductas podrían encuadrarse en distintos artículos del Código Aduanero, relacionados con el impedimento del control aduanero, la exportación clandestina y circunstancias agravantes vinculadas con el perjuicio al patrimonio estatal y el traslado de mercadería por vía marítima para evitar controles.

De todos modos, se trata de hechos denunciados que deberán ser investigados por la Justicia, que deberá determinar si existieron delitos y las eventuales responsabilidades.

También apuntaron a posibles omisiones de funcionarios

La denuncia no se limita a las empresas pesqueras. Los abogados también solicitaron investigar si pudo existir una eventual falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, a partir de posibles omisiones en tareas de vigilancia, patrullaje y control de las actividades pesqueras.

En ese sentido, pidieron determinar si existieron controles suficientes sobre las embarcaciones y si correspondía aplicar sanciones o reclamar derechos aduaneros y multas.

Entre las medidas solicitadas figuran informes a la Prefectura Naval Argentina y al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) sobre los avistamientos e identificaciones de buques vinculados con estas compañías y otras embarcaciones que operen en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina.

También se solicitó información a la Dirección General de Aduanas para determinar si las empresas declararon operaciones de exportación o abonaron derechos correspondientes por las capturas obtenidas en la zona cuestionada.

Además, los denunciantes pidieron a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre los vínculos societarios, subsidiarias y eventuales activos de estas compañías en el territorio continental argentino.

La denuncia se suma al conflicto por las actividades en Malvinas

La presentación contra las empresas pesqueras se produce en paralelo a las acciones impulsadas por el Gobierno argentino contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

En esos expedientes fueron identificados empresarios, ejecutivos y directivos relacionados con firmas petroleras que desarrollan actividades en la zona. Entre las empresas mencionadas aparecen Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Desire Petroleum y Navitas Petroleum, entre otras.

El Gobierno también analiza incorporar la actividad pesquera a un proyecto más amplio relacionado con sanciones por actividades vinculadas con los recursos naturales en las islas.

En materia pesquera, la legislación argentina ya establece restricciones para quienes poseen permisos o cuotas de pesca nacionales y mantienen determinados vínculos con empresas que operan sin autorización argentina. La normativa prevé, en determinadas circunstancias, sanciones que pueden alcanzar la caducidad de permisos, cuotas y autorizaciones.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si las empresas denunciadas incurrieron en alguna conducta delictiva y si corresponde avanzar con las medidas solicitadas.