“Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes”: ATE exige un examen psicofísico para Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó formalmente al Poder Ejecutivo para que informe si existen certificados, juntas médicas o dictámenes que acrediten la aptitud psicofísica de Javier Milei para ejercer la Presidencia de la Nación.

A través de una presentación remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros, con copia a la Presidencia, el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar reclamó que, en caso de no existir dicho protocolo, el mandatario sea sometido de forma inmediata a los exámenes correspondientes.

“Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, disparó con dureza Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Desde el gremio aclararon de forma taxativa que el pedido no vulnera la intimidad del jefe de Estado. La solicitud se ampara en el derecho a la información pública, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, exigiendo un dato binario y concluyente: si el mandatario fue considerado “apto” o “no apto” para sus funciones, sin requerir detalles de su historia clínica, diagnósticos ni datos sensibles.

Uno de los principales argumentos del sindicato radica en la asimetría que existe entre los requisitos exigidos a los trabajadores estatales de a pie y las obligaciones de la máxima autoridad administrativa del país.

Bajo la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, cualquier ciudadano que ingresa a la administración pública debe sortear obligatoriamente un examen médico preocupacional y controles periódicos que condicionan su continuidad laboral.

“Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado.

Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”, fustigó Aguiar, alertando además sobre la peligrosidad que reviste la situación jurídica: “Si no fuera apto, las consecuencias serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.