La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y con la medida cautelar que había dictado en diciembre del año pasado a pedido de las universidades.

El magistrado advirtió que, si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido, podrá aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada día de demora.

En su resolución, Cormick señaló: “Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.

La decisión fue valorada por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien expresó: “Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”.

Además, sostuvo: “Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”.

La disputa judicial comenzó en octubre del año pasado, cuando el CIN recurrió a la Justicia para reclamar el cumplimiento de la ley. El 23 de diciembre, Cormick había dictado una medida cautelar para que el Gobierno cumpliera con los pagos reclamados. La resolución fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, el 25 de junio, por la Corte Suprema.

En los últimos meses, el Gobierno intentó que la medida cautelar fuera levantada. El Ministerio de Capital Humano informó en junio que se había alcanzado un acuerdo con universidades y gremios que contemplaba transferencias para salarios, una actualización de los gastos de funcionamiento y un incremento de las partidas destinadas a hospitales universitarios.

Sin embargo, desde el CIN aclararon que ese acuerdo no implicaba abandonar sus reclamos y señalaron que se trataba de una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la cautelar y recordó que la medida continuaba vigente hasta que se dictara una sentencia definitiva.

La semana pasada, Capital Humano presentó un escrito en el que sostuvo que los salarios docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Desde el CIN cuestionaron esos datos y sostuvieron que la única oferta salarial realizada durante la actual gestión fue la de junio y que tampoco había sido completada.

Mientras continúa la disputa judicial, las universidades nacionales mantienen medidas de fuerza y preparan nuevas jornadas de protesta. La quinta marcha federal universitaria está prevista para el 15 de octubre.