Julia Strada advirtió sobre el peligro del DNU 70/23 y acusó a la Corte de generar inseguridad jurídica

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, advirtió sobre los riesgos del DNU 70/23 y cuestionó el accionar de la Corte Suprema. Durante una entrevista, sostuvo que las decisiones judiciales sobre el decreto generan inseguridad jurídica y reclamó avanzar con su derogación.

“Lo que te queda claro es que ese instrumento, DNU 70, vivo, es un peligro”, afirmó la legisladora. Además, cuestionó que algunas de sus disposiciones puedan recuperar vigencia por decisiones judiciales, sin una discusión de fondo sobre su contenido. Strada se refirió al capítulo del decreto vinculado con las tierras.

Según explicó, esa parte había quedado frenada, pero la Corte Suprema permitió temporalmente su reactivación y luego volvió sobre sus pasos. Para la diputada, la sesión parlamentaria opositora y la movilización social contribuyeron a ese cambio.

“Porque ese DNU resucita cuando tres tipos quieren o cuando la Justicia dispone”, expresó. También advirtió que la ventana temporal durante la cual estuvo vigente el capítulo de tierras pudo habilitar operaciones inmobiliarias y generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir.

“Hay que derogar el DNU 70”
La legisladora insistió en la necesidad de derogar el decreto. “Por eso hay que derogar el DNU 70”, remarcó, al sostener que la discusión debe centrarse en los efectos de esa herramienta normativa y no solamente en cuestiones de procedimiento.

En ese marco, defendió la convocatoria a una sesión especial impulsada por la oposición. Explicó que Unión por la Patria cuenta con más de 90 diputados, pero necesita reunir a otros bloques para alcanzar el quórum de 129 legisladores.

Además, cuestionó a los sectores opositores que no acompañaron la iniciativa y facilitaron, según su mirada, la agenda del Gobierno. Sobre el cierre, la diputada alertó sobre el proyecto del Gobierno relacionado con la defensa de la soberanía nacional.

Según señaló, la iniciativa contempla un Consejo de Seguridad Nacional con facultades que podrían utilizarse para perseguir opositores y avanzar contra quienes expresen opiniones diferentes.