Causa del oro: pidieron allanar el BCRA e investigar posibles comisiones millonarias

El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia penal por las operaciones con derivados sobre oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025 y pidió el allanamiento y secuestro, o la copia forense, de los servidores y correos institucionales del organismo para acceder a los contratos, las comunicaciones y los registros vinculados con las transacciones.

La presentación apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, y ahora también contra Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente del área e integrante del directorio de la autoridad monetaria.

Dalbón pidió que se investigue si las operaciones ocasionaron un perjuicio para el Estado, cómo se eligieron las entidades que actuaron como contrapartes y si hubo comisiones, honorarios o beneficios indebidos.

Entre las figuras penales mencionadas están la posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. También planteó una supuesta asociación ilícita, en caso de acreditarse una estructura estable destinada a cometer delitos.

La lupa sobre el Deutsche Bank y las comisiones
Uno de los ejes de la ampliación es la presunta participación del Deutsche Bank en las operaciones. Dalbón se apoyó en publicaciones periodísticas que señalaron que esa entidad habría sido una de las contrapartes de los contratos sobre el oro argentino.

Según esas versiones, las operaciones habrían funcionado como una cobertura frente a una eventual caída del precio del metal, mediante la venta a terceros del derecho a comprarlo a un valor de algo más de US$3.000 por onza, cuando la cotización superaba los US$4.000.

El propio escrito aclara que esa descripción no surge del informe de auditoría de la AGN y debe ser confirmada mediante los contratos. La presentación también pone el foco en el dinero que pudieron haber percibido las entidades financieras que intervinieron. “No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado”, advirtió Dalbón.

En ese sentido, señaló que se mencionó públicamente una cifra superior a los US$ 60 millones, aunque pidió que ese dato sea verificado durante la investigación.

El abogado también sostuvo que, de acuerdo con la información periodística citada en su presentación, el BCRA se habría negado a entregar a la Auditoría General de la Nación copias de los contratos, documentos que permitirían conocer las condiciones pactadas y quiénes autorizaron las operaciones.

Otro punto que plantea el escrito es que Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales con el Deutsche Bank. Esa circunstancia, por sí sola, no acredita una irregularidad, pero la denuncia solicita que se esclarezca cómo se seleccionó a la contraparte y qué controles se aplicaron.

Un pedido para acceder a los correos y servidores del Central
Dalbón justificó el pedido de allanamiento en que la prueba principal de la causa es documental y electrónica y se encuentra en poder del propio organismo investigado.

“La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados”, sostuvo. Por eso, solicitó que la medida alcance a los correos de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos del BCRA, además de los servidores y los registros de acceso y modificación de archivos.

El pedido comprende las comunicaciones intercambiadas durante 2024 y 2025 con el Deutsche Bank y otras entidades vinculadas con las operaciones. El objetivo es preservar los registros y reconstruir quiénes participaron de las decisiones, cómo se negociaron los contratos y qué costos tuvieron las transacciones.

El denunciante advirtió que la información electrónica puede ser modificada, ocultada o suprimida por quienes tienen acceso a ella. Si el juez no considera procedente el allanamiento, solicitó como alternativa una orden judicial para que el BCRA entregue la documentación y garantice su conservación.