290 años de cárcel

290 años de prisión, en una cárcel de alta seguridad y sin teléfono. Esta fue la condena que recibió un hombre procesado por el delito de pedofilia. El tremendo fallo lo dictó, años atrás, la Justicia del estado de Missouri, en los Estados Unidos de América.

El descubrimiento y la investigación de la trama de pedofilia en la que tenía responsabilidades ese hombre fue impulsada por el FBI, organismo federal de investigaciones de dicho país del norte. El camino para “ganarse” una condena a prisión de tamaña magnitud de tiempo empieza por ingresar en programas de difusión de imágenes con contenido sexual, en las que se muestra a niños; programas que se han hecho últimamente muy sofisticados con el aporte de la llamada “inteligencia artificial” que encripta (disimula bajo aspectos muy variados, como una simple publicidad inocente) a los programas y sitios que operan en la distribución de tales imágenes o videos.

El del condenado a 290 años de prisión es uno de los miles de casos en los que fueron detectados, arrestados y llevados a la Justicia personajes de todo tipo de nivel social que formaban parte de redes de pedofília: y aquí la expresión “formar parte” le cabe ya al que ingresa a esos sitios de internet ofrecidos por la criminalidad organizada. Desde hace algunas décadas, varios consumidores detectados por las fuerzas de investigaciones fueron el primer peldaño que permitió avanzar en el descubrimiento de enormes redes de explotación sexual de menores, incluso de niñitos de pocos años, en Europa, en Asia, en África, y en las Américas del norte, del centro y del sur.

Al mismo tiempo, ese aberrante crimen crece y se vuelve más poderoso gracias a sus hermanamientos con otros gigantes rubros del crimen internacional: el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de falsificaciones (desde falsificaciones de obras de arte hasta falsificaciones de remedios).

Hace dos años una gran red de pedofilia que se extendía por Sudamérica fue descubierta y algunos de sus integrantes fueron detenidos en varios países; y aquí en Argentina en varias provincias. En esa trama, hubo también operativos en la provincia de Misiones, con detenidos, imputados, y una buena cantidad de sospechosos que quedaron bajo la mira de la Justicia y de las fuerzas de seguridad. En uno de los operativos se allanaron domicilios en localidades misioneras y se encontraron elementos de pedofilia en la casa de familiares de un diputado provincial y a este mismo se lo puso bajo investigaciones.

Pero ahora, dos años después, en el domicilio de ese diputado, donde se realizó un nuevo allanamiento, se encontraron, de acuerdo a las informaciones difundidas, abundantes materiales y datos que podrían relacionarse con actividades de pedofilia. Como cabe presumir, este buen hombre es inocente, mientras la Justicia no sentencie una culpabilidad suya; y si siendo inocente realmente tenía en su casa imágenes de pedofilia y otros “entretenimientos” incriminatorios, quizá se los haya plantado allí algún duende.

Pero si fuese culpable, o si tuviese algún tipo de relación con distribuciones de imágenes de pedofilia, cabe preguntarse: ¿Tan seguro se sentía ese diputado, que en dos años no se preocupó por quitarse de encima elementos que podrían llevarlo a la cárcel, si es que se confirma lo que están indicando las investigaciones? ¿Qué pasó en esos dos años? En los ámbitos de la pedofilia y del crimen internacional seguramente pasaron tantas cosas, descubiertas o que no se conocen todavía.

En otros planos, que no tienen nada que ver con la pedofilia (nada, nada, nada de nada), pasó que en la Argentina hubo un cambio abrupto al vértice del Poder Ejecutivo nacional, donde, elecciones mediante (y sobre todo alianzas mediante), se instaló un personaje al que el diputado misionero Germán Kiczka pasó a adherir con mucho afecto, casi con el cariño que se le puede dar a un niño.

También el jefe partidario de ese diputado, el también diputado provincial Pedro Puerta, pasó raudamente a las filas del actual presidente nacional. La adhesión de ambos al programa de ajustes que lleva adelante el mandatario Javier Milei son cosas de la política. Pero la cuestión de presuntas participaciones en redes de pedofilia son “cosas” de la Justicia que no se pueden eludir con vagos pretextos libertarios.

Un diputado debe comenzar a dar explicaciones públicas y serias ya desde el momento en que comienzan las sospechas, sin esperar avances en la investigación policial ni pronunciamientos de la Justicia. La cuestión pasa inmediatamente a ser de interés público. Y no hace falta esperar a que se dicte una condena a 290 años de prisión por actos de pedofilia para que la sociedad exprese sus alarmas.

Viene al caso citar una recomendación que difunde el FBI: “Una las herramientas más poderosas en contra de la explotación sexual infantil son las denuncias de los ciudadanos. No dude en contactar al FBI si sabe de alguien que abusa sexualmente de niños, posee o distribuye pornografía infantil”. Y recordemos: hace tiempo vecinos del diputado ahora muy comprometido en estas investigaciones por pedofilia hicieron fuertes reclamos para que se esclarezcan las responsabilidades del mismo porque, expresaron, “tenemos hijos y queremos saber si en el vecindario habita alguien que puede ser de peligro para ellos”.

También quienes dieron sus votos para que ese ahora sospechado ocupe una banca legislativa tienen derecho a saber a quién votaron, quién los está “representando”; y quiénes son los jefes de ese “representante”. Interrogantes todos que, por supuesto, surgen con la sana esperanza de que las respuestas llegarán, clara y prontamente, para demostrar que el hombre en cuestión no tiene nada que ver con lo que por ahora parece que sí tiene que ver (y que no pesará sobre él el fantasma de 290 años de prisión; o menos, en todo caso).