Murió María del Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por el robo sistemático de bebés
María del Carmen Roqueta, la jueza que presidió el tribunal que condenó a 50 años de prisión a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de robo de bebés durante la última dictadura militar, murió a los 72 años.
Roqueta se desempeñó como presidenta del Tribunal Oral Federal N°6 de Buenos Aires y tuvo a su cargo causas emblemáticas contra represores. Su nombre quedó ligado a la histórica sentencia que responsabilizó a Videla por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.
Ese fallo, dictado en julio de 2012 tras 15 años de investigación, también incluyó condenas a otros altos mandos. El ex jefe de inteligencia de la ESMA, Jorge “el Tigre” Acosta, recibió 30 años de prisión; el almirante Oscar Antonio Vañek fue condenado a 40 años; Santiago Omar Riveros a 20; y Reynaldo Benito Bignone a 15. Además, el médico de la ESMA, Jorge Magnacco, fue sentenciado a 10 años. La megacausa investigó 35 casos de apropiación de menores.
Un año antes, en 2011, Roqueta también había presidido el tribunal que condenó a prisión perpetua a Alfredo Astiz y nuevamente a Acosta, en uno de los primeros fallos contundentes tras la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo la despidieron destacando su “trayectoria amplia y comprometida con los derechos humanos”. En un comunicado expresaron: “Esperamos que su huella de justicia perdure en las nuevas generaciones, a quienes enseñó desde la docencia y su lugar de trabajo”.
En 2019, la Legislatura porteña la declaró Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por su labor en la restitución de identidad en víctimas del terrorismo de Estado. Durante ese reconocimiento, Roqueta afirmó: “Debemos mantener siempre el Estado de derecho en su plenitud. Pusimos luz donde había tinieblas”.
En los fundamentos del reconocimiento, se resaltó que “la Dra. Roqueta trabajó de forma incansablemente vinculando la documentación con los testimonios para reconstruir la historia de los casos juzgados posibilitando rearmar historias familiares enteras, el funcionamiento de maternidades clandestinas y haciendo que el Estado repare el daño causado en materia de identidad”.
El proyecto fue impulsado por la entonces diputada Victoria Montenegro, quien también valoró su tarea: “Se comprobó a través de su trabajo que hubo un robo sistemático de bebés. Hubo un terrorismo de Estado que no puede volver nunca más”.