Denuncian a Javier Milei por impedir el ingreso de periodistas a Casa Rosada
La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la decisión de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La legisladora cuestionó la medida y sostuvo que afecta derechos vinculados a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.
En su presentación judicial, Pagano argumentó que la Casa de Gobierno “no es propiedad privada” y advirtió que la “prohibición” del ejercicio de la libertad de expresión es “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”. Además, a través de redes sociales, expresó: “NO NOS VAN A CALLAR”.
La denuncia alcanza también a funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Asimismo, en otra presentación se incluye al vocero presidencial Manuel Adorni. El planteo solicita que se investigue la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público e impedimento del ejercicio de un derecho.
Según el escrito, la medida “fue adoptada de facto, sin acto administrativo fundado que la respalde, sin notificación individual a los periodistas afectados, sin sumario previo ni resolución motivada”. También señala que la restricción genera un “daño continuado e irreversible” al “sistema republicano, a la libertad de prensa, al derecho a la información pública y al ejercicio profesional del periodismo”.
Pagano remarcó que “la Sala de Periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante todos los períodos democráticos desde 1983 a la fecha”, e incluso mencionó su funcionamiento en gobiernos de facto. En ese sentido, consideró que la decisión del 23 de abril de 2026 constituye “una ruptura sin precedentes de la continuidad institucional argentina en materia de relación Estado-prensa”.
La denuncia también plantea que las conductas señaladas vulneran normas constitucionales, entre ellas los artículos 14, 32, 33 y 43, además del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno.
La medida del Ejecutivo se conoció este jueves, cuando se restringió el ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada bajo el argumento de un presunto “espionaje ilegal”. Desde el Gobierno indicaron que “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”.
Fuentes oficiales señalaron que la decisión también se vincula con una investigación en curso por la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede gubernamental, lo que derivó en una denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno.
En ese contexto, el presidente Milei defendió la medida a través de redes sociales: “Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis”.
La restricción generó cuestionamientos de entidades periodísticas como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), que manifestaron su preocupación por la situación.
Desde distintos sectores de la oposición también se expresaron críticas. Legisladores nacionales señalaron que la medida afecta el funcionamiento democrático y reclamaron la restitución del acceso para los trabajadores de prensa acreditados.