Proponen compactar motos con escapes adulterados para reducir ruidos molestos

El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley que propone sanciones más severas para quienes circulen con motos que tengan caños de escape adulterados, libres o no homologados. La iniciativa contempla, en los casos más graves, la compactación del vehículo, además del decomiso y destrucción inmediata de los escapes ilegales.

El proyecto surge ante el incremento de reclamos vecinales por ruidos molestos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde este tipo de modificaciones genera contaminación sonora y afecta el descanso, la salud y la convivencia.

“Este proyecto tiene un objetivo muy claro: combatir los ruidos molestos que hoy son uno de los principales reclamos de los vecinos. No estamos hablando de algo menor. El ruido constante de escapes libres afecta el descanso, altera la salud y rompe la convivencia diaria”, señaló el legislador en los fundamentos.

La propuesta no solo prohíbe la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino también su fabricación, comercialización, distribución e instalación. Además, prevé la creación de un registro provincial de comercios y talleres habilitados para escapes de competición, con el fin de reforzar los controles.

En caso de infracción, la autoridad podrá disponer el secuestro preventivo del vehículo, la retención de la licencia de conducir y el decomiso del escape ilegal. Según el proyecto, si la conducta es considerada grave —por ejemplo, en zonas densamente pobladas, cercanías de escuelas, hospitales o eventos públicos— un juez administrativo podrá ordenar la compactación de la moto, incluso sin reincidencia previa.

“No solo sancionar, sino eliminar el problema. El escape ilegal se decomisa y se destruye. Y en los casos que el juez lo considere, también puede disponerse la compactación de la moto”, remarcó Passaglia.

La iniciativa establece multas que van de 300 a 1.000 unidades fijas para conductores, y de 1.500 a 5.000 para quienes fabriquen o comercialicen estos dispositivos. Actualmente, cada unidad fija equivale a $1.896 en la provincia. También se contemplan inhabilitaciones para conducir de tres meses a un año y sanciones para comercios, que pueden incluir clausuras.

El texto incorpora garantías de debido proceso, como el derecho a descargo y revisión judicial. Además, invita a los municipios a adherir y dictar normativas complementarias.

“Durante mucho tiempo se intentó resolver esto con multas, pero la realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, sostuvo el diputado.

El proyecto será debatido en comisiones legislativas y, de avanzar, modificaría el esquema actual, que solo prevé sanciones económicas. Desde sus impulsores, aseguran que la medida busca reducir la contaminación sonora y mejorar la calidad de vida en los centros urbanos.