Jueces y partes en la hidrovía

El actual Gobierno nacional argentino se tomó casi un año dando vueltas en torno a la cuestión de la hidrovía Paraguay-Paraná, pero en los últimos meses del año pasado demostró una repentina urgencia en el tema y en noviembre lanzó, finalmente, la licitación para adjudicar la gestión de esa crucial vía fluvial, exponiendo a los interesados en participar en tiempos sumamente cortos, dado que la apertura de los sobres estaba prevista para fines de este mes de enero, lo que llevó a representantes de las empresas que quieren participar a señalar que los términos de esta licitación, en un tema tan complejo como es el dragado, la mantención y la gestión de la hidrovía, no se pueden analizar suficientemente en tan corto tiempo.

Las fuertes y fundadas quejas llevaron al Gobierno argentino a conceder una prórroga de pocas semanas para la apertura de sobres, prórroga que las empresas siguen considerando insuficiente para un buen estudio de los términos exigidos y de los compromisos que en consecuencia se deben asumir.
Mientras tanto, muchos datos llevaron a pensar que puede existir, por parte del gobierno de Javier Milei, la intención de “direccionar” la licitación, en beneficio de una empresa determinada.

La presentación de recursos ante la Justica estaba entonces anunciada, desde distintos sectores. Si el presidente Milei y sus asesores pensaron que esta apurada licitación transcurriría en buena parte durante la feria judicial que suele paralizar a la Justicia argentina durante fines de diciembre y casi todo enero, y que a espaldas de los jueces se podría así avanzar hacia los hechos consumados con la licitación, ahora la cuestión puede complicarse para quienes habrían diseñado esa estrategia, pues un juez del fuero Contencioso Administrativo, respondiendo a un pedido de medida cautelar presentado por una empresa, resolvió habilitar durante esta feria el tratamiento judicial de las presentaciones.

Se trata del juez Enrique Lavié Pico, quien ya notificó al Estado para que presente su descargo. La decisión del magistrado se basa en que los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial “revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida”.

De esta manera, el repentino apuro de Milei para adjudicar la licitación de la hidrovía puede encontrar un serio obstáculo. En su descargo ante la Justicia, el Gobierno nacional deberá aclarar varios puntos que se vienen cuestionando pero que desde el oficialismo se trataba de pasar por alto, especialmente en cuanto a los puntos que llevan a pensar que hay un favoritismo para entregar la hidrovía a una empresa preferida.

También se deberá aclarar sobre la validez de los fundamentos con los que se ha dejado sin posibilidades de presentarse a la licitación a algunas firmas de reconocida experiencia en dragado y gestión de vías fluviales. Milei, por ejemplo, dejó afuera a una empresa de capitales chinos, con el argumento de que no quiere (que él, Milei, no quiere) que liciten empresas en las que participe un Estado nacional, en este caso la República Popular de China.

Es seguro además que pronto se realicen otras presentaciones ante la Justicia, tanto desde sectores políticos como de otros empresarios argentinos. La cuestión entonces puede ir para largo; mientras los gobiernos y los sectores exportadores de Bolivia, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay miran con mucha preocupación los raros movimientos del Gobierno argentino en torno a la hidrovía, cuya navegabilidad está concedida a todos esos países, más la Argentina.

En tanto, la gestión del tramo argentino de la hidrovía sigue en manos del Estado, ese Estado al que Milei, según lo dice él mismo, detesta y quiere desmantelar, o destruir. O sea, el gran negocio de la hidrovía (peajes y otras yerbas) seguirá por ahora, con sus deficiencias y sus dragados insuficientes, aportando cuantiosos ingresos de divisas a sus gestores estatales. Pero el gran negocio, que sería la concesión dirigida de la gestión de ese corredor fluvial de gran importancia internacional, puede demorarse.

Aparte de estos inconvenientes, es de esperar que, ya sea antes o después de finalizado el cuestionado proceso licitatorio, no aparezca algún desubicado, o un provocador, o un ingenuo (o alguien serio, que los hay), al que se le podría ocurrir pedir una “medida cautelar”, o hasta pedir una medida de fondo por parte de la Justicia, respecto a lo que un prestigioso diario de los Estados Unidos calificó como “la gran autopista del narcotráfico”, refiriéndose a la hidrovía Paragua-Paraná.