“Terminarán por destruir toda posibilidad de herramienta que había para el productor y las pequeñas cooperativas”, dijo Julio Petterson

El subsecretario de Asuntos Yerbateros de la Provincia, Julio Petterson, se refirió al Decreto 812/2025 por el cual el Gobierno nacional elimina las principales facultades que tenía el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), que ya venía muy golpeado desde fines de 2023 con el DNU 070/2023 y lo restringe a un plano de mero entidad de promoción y control de calidad del producto. Al respecto afirmó que “lastimosamente hoy, el INYM va a funcionar plenamente para las industrias, va a ser un ente más de promoción que de otra cuestión”. El funcionario del Ministerio del Agro y la Producción provincial aseguró que, con esta medida, el Gobierno nacional “termina de destruir toda posibilidad de herramienta que había para el bien del productor y el trabajador, como así también en nuestras pequeñas cooperativas” porque el INYM ya no tiene la facultad de fijar precios ni controlar el cumplimiento de estos. Petterson se mostró escéptico respecto a que acciones pudieran realizarse en adelante para atender los problemas que se avecinan para los productores primarios y para los trabajadores. A su vez indicó que “está en decisión del productor si van a cosechar o no van a cosechar, si van a iniciar la cosecha o no van a iniciar la cosecha, porque ahora el panorama ha cambiado totalmente. Ahora, la balanza está todo a favor de las grandes industrias, de pagar como quieren, de la manera que quieren, cuánto quieren, o sea, ya no hay algo positivo para el sector productivo”, remarcó. Respecto a la posición del Gobierno Provincial, el subsecretario manifestó que “el Gobernador es uno de los primeros que ha presentado una causa federal y penal ante el DNU; ahora volvió a ratificar la desconformidad, lo mismo que el ministro del Agro, son todas cuestiones que se están haciendo, pero también necesitamos el compromiso y el apoyo del pueblo”, sostuvo. Cabe mencionar que los productores que se encuentran en riesgo por este nuevo escenario son 13.000 y a ellos se le suman 16.000 trabajadores y se agregan quienes se vinculan indirectamente al sector yerbatero, “estamos hablando de un núcleo de prácticamente 50.000 familias”, afirmó.