La Justicia advirtió graves irregularidades en la distribución de alimentos del Ministerio de Capital Humano

Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) concluyó que no se puede determinar quiénes recibieron los alimentos almacenados ni qué productos fueron efectivamente entregados, en el marco de la causa judicial para determinar la responsabilidad de las autoridades de esa cartera en el manejo de alimentos destinados a la asistencia social. La PIA encendió alertas sobre el funcionamiento del Ministerio de Capital Humano en materia de compra, almacenamiento y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables. Según las conclusiones del dictamen, no fue posible reconstruir con certeza la trazabilidad de los alimentos, ni identificar a los destinatarios finales de la mercadería acopiada en depósitos oficiales. El análisis fue realizado en el marco de una causa penal que investiga el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia federal, que había ordenado al Ministerio conducido por Sandra Pettovello informar el stock disponible y presentar un plan de distribución “de modo inmediato”. Sin embargo, la PIA advirtió que la información aportada por el organismo fue incompleta, desordenada y carente de respaldo documental suficiente. “No resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados”, concluyó el informe firmado por el fiscal titular de la PIA Sergio Rodríguez y Daniela Pérez y Esteban Venditti, auxiliares del organismo. El informe firmado a fines de noviembre fue recibido por el juez federal Sebastián Casanello que puso en conocimiento del mismo a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción, en atención a sus funciones de control administrativo.
Las principales irregularidades
Entre las principales observaciones, la Procuraduría señaló inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, remitos sin firma de recepción de los beneficiarios y ausencia de documentación clave que permita seguir el recorrido de los productos desde su compra hasta su entrega final. El informe también puso el foco en la falta de un sistema claro de distribución, al remarcar que el propio Ministerio había reconocido que no existían manuales ni procedimientos formales que regularan la entrega de alimentos, lo que, según la PIA, “contradice los principios de legalidad, razonabilidad y buena administración que deben regir la actuación estatal”. “La información proporcionada solo permitiría, en el mejor de los casos, arribar a un resultado probabilístico, lo cual resulta conceptualmente antagónico con un informe de trazabilidad”, advirtió el organismo. En ese sentido, el dictamen remarcó la existencia de “patrones de informalidad y desorganización” en la gestión administrativa, que impidieron verificar si las compras realizadas —incluidas licitaciones millonarias canalizadas a través de organismos internacionales— cumplieron efectivamente el fin para el cual fueron autorizadas. La presentación fue elevada a la Fiscalía Federal a cargo de Paloma Ochoa y quedó incorporada al expediente judicial.