Nucleoeléctrica: Reidel canceló deudas personales por 825 millones de pesos bajo sospecha de corrupción

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Damián Reidel, saldó deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días, una cifra equivalente a más de 80 sueldos netos de su cargo, en medio de una gestión signada por denuncias de sobreprecios y manejos irregulares en la empresa estatal que gestiona las centrales Atucha I, II y Embalse.  Según reveló una investigación del portal El Disenso basada en informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el físico -repatriado del sector privado para conducir la compañía desde abril de 2025- logró eliminar pasivos que hasta mediados de enero lo situaban en una situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero. La vertiginosa cancelación de estas obligaciones bancarias con el Banco Macro coincide con un periodo de fuerte cuestionamiento sobre la transparencia en las contrataciones de la firma nuclear. Bajo la actual administración, NA-SA erogó adjudicaciones por un total aproximado de 20.417 millones de pesos. Sin embargo, fuentes cercanas a la operatoria de la empresa sugieren irregularidades sistemáticas en los pagos. Al respecto, el texto señala que “se rumorea que los pagos a proveedores solo se ejercen luego del adelanto de una comisión del 5% del contrato”, una cifra que, aplicada al volumen total de compras, alcanzaría los mil millones de pesos. De acuerdo a la información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas, el frente interno de Nucleoeléctrica atraviesa una crisis de gobernanza tras la reciente remoción del gerente general, Marcelo Famá, y del responsable de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos funcionarios de estrecha confianza de la presidencia de la entidad. Las salidas se produjeron en el marco de investigaciones llevadas adelante por el comité de integridad de la empresa ante el posible direccionamiento de licitaciones. Entre los casos bajo la lupa destaca la migración del sistema informático SAP a HANA, un proyecto que “tenía un presupuesto inicial de US$ 600.000 y se expandió hasta una adjudicación de US$ 7.000.000”, absorbiendo la totalidad de la partida anual de IT. Asimismo, se registran denuncias por pliegos presuntamente diseñados a medida, como la licitación de limpieza otorgada a la firma LX Argentina -con sobreprecios estimados en un 140%- y la contratación de servicios de pintura epoxi con requisitos técnicos que solo una empresa en todo el país, Consulper SA, podía satisfacer. En este escenario de sospechas y deudas canceladas “de la noche a la mañana”, el reclamo por una auditoría externa se vuelve imperativo, siguiendo la premisa que suele repetir el propio Poder Ejecutivo: “El que se opone a las auditorías, es porque es chorro”.