Discapacidad: el Gobierno reglamentó la ley de emergencia tras un fallo judicial y meses de demora

Tras meses de demora y bajo la presión de una orden judicial, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. De esta manera, se formalizó la aplicación de una norma que el Congreso había sancionado en julio del año pasado y que el propio Ejecutivo había dejado en suspenso.

Se trata de la Ley 27.793, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Sin embargo, tras su aprobación parlamentaria, el Poder Ejecutivo había paralizado su implementación mediante un decreto, argumentando falta de previsión presupuestaria.

En diciembre, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválido el artículo que frenaba la aplicación de la ley y ordenó su implementación inmediata. En su fallo, sostuvo que el condicionamiento presupuestario vulneraba obligaciones constitucionales y tratados internacionales, y advirtió sobre el riesgo concreto de interrupción de tratamientos esenciales para personas con discapacidad.

Aunque el Gobierno apeló la decisión ante la Cámara Federal de San Martín, el magistrado habilitó la feria judicial y exigió al Ministerio de Salud que informara qué medidas estaba adoptando. La respuesta oficial se limitó a mencionar trámites internos y gestiones administrativas, sin plazos ni definiciones concretas.

La reglamentación publicada ahora cierra ese proceso abierto por la inacción oficial y establece, por primera vez, reglas operativas para la ley. Entre los puntos centrales, crea un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, fija criterios de acceso, permanencia e incompatibilidades, y dispone auditorías periódicas.

Además, ordena la conversión automática de las pensiones ya otorgadas al nuevo esquema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, será la encargada de coordinar la implementación y convocar al Consejo Federal para definir criterios socioeconómicos.

El decreto también fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías, un requisito previsto en la ley original que hasta ahora no había sido cumplido.