¡Sorteamos un voucher de uniforme escolar!

La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares

Monseñor Gustavo Carrara
Monseñor Gustavo Carrara
miércoles 25 de febrero de 2026

Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país.

“Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.

“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el Arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil.

Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades. La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja. 

Unas 700 obras frenadas
En el encuentro, se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”.

Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del Programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.

“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.