El Senado aprobó la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil: cambios de alto impacto

El Senado de la Nación Argentina protagonizó una sesión de fuerte impacto político al aprobar dos proyectos centrales para el Gobierno: la Ley de Modernización Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.

Ambas iniciativas ya contaban con tratamiento previo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y quedaron convertidas en ley tras una extensa jornada de debate.

Reforma Laboral: cambios en indemnizaciones y período de prueba

La denominada Ley de Modernización Laboral introduce modificaciones estructurales en las relaciones de trabajo. Entre los puntos principales, redefine el cálculo de indemnizaciones, tomando como base la remuneración mensual, normal y habitual, y excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones.

Además, habilita la creación de un banco de horas por acuerdo entre empleador y trabajador, amplía el período de prueba a seis meses —y hasta ocho en empresas de hasta cinco empleados— y elimina las sanciones previstas en la Ley 24.013 por empleo no registrado, reemplazándolas por un sistema de incentivos para la regularización.

Desde el oficialismo señalaron que la norma busca fomentar la formalización y reducir la litigiosidad. En cambio, sectores sindicales y opositores advirtieron que algunos cambios podrían traducirse en menor protección para los trabajadores.

Régimen Penal Juvenil: baja la edad de imputabilidad

En la misma sesión, el Senado dio luz verde al nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija en 14 años la edad de imputabilidad. La reforma establece un marco específico para juzgar delitos cometidos por menores de edad, con escalas diferenciadas y medidas socioeducativas, aunque también contempla penas privativas de libertad para delitos graves.

El Gobierno sostuvo que la modificación responde a la necesidad de actualizar una legislación considerada desfasada y dar respuesta a casos de delitos cometidos por menores. Sin embargo, organismos de derechos humanos y parte de la oposición expresaron preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

Con la aprobación de ambas leyes, el Congreso avanzó en dos reformas estructurales que abren un nuevo escenario en materia laboral y penal.