La Iglesia exige al Gobierno una respuesta “concreta y urgente” por la crisis en discapacidad

La Conferencia Episcopal Argentina le reclamó al ministro de Salud, Mario Lugones, una respuesta “concreta, visible y urgente” ante la grave crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad en el país.

A través de una carta firmada por su presidente, Marcelo Colombo, la Iglesia expresó su preocupación por la situación de las instituciones que brindan cuidado y acompañamiento, afectadas por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.

Según el documento, la crisis pone en riesgo directo a unas 250.000 personas con discapacidad, cifra que se eleva a cerca de un millón si se consideran familias, trabajadores y proveedores del sector.

“Muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios”, advierte la carta.

Instituciones en riesgo y servicios comprometidos

El Episcopado alertó que los compromisos del Estado “no se regularizan desde finales de 2025”, mientras las entidades deben afrontar costos crecientes.

En ese marco, describieron un escenario crítico: “Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir”, con “endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”.

También remarcaron la gravedad de la situación en espacios como los Cottolengos Don Orione, donde “la continuidad del cuidado de 1200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”.

La Iglesia destacó que en estos lugares se sostiene “una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad”.

Reclamo por la ley y advertencia al Gobierno

En la carta, los obispos recordaron que ya habían advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar” y reclamaron el cumplimiento de la ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas.

Además, fueron contundentes en su planteo: “La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.

Finalmente, insistieron en el pedido: “Suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable”.