Denuncias por créditos del Banco Nación complican al Gobierno y activan la estrategia judicial

El Gobierno nacional enfrenta un nuevo frente judicial tras la presentación de dos denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo.

Las causas quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, y en la Casa Rosada ya trabajan en una estrategia de defensa que será presentada ante la Justicia.

Desde el Ejecutivo aseguran que los préstamos fueron otorgados bajo condiciones de mercado y que no existió ningún tipo de beneficio especial. Según indicaron, todas las operaciones cumplen con requisitos de ingresos, garantías y capacidad de pago, además de contar con respaldo hipotecario y codeudores.

Las denuncias y los implicados

La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta contra el ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, y el funcionario del Banco Central Juan Ernesto Curuchet. La denuncia investiga posibles delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La segunda denuncia, presentada por la diputada Mónica Frade junto al legislador Esteban Paulón, amplía el alcance e incluye a beneficiarios de los créditos, entre ellos funcionarios y diputados del oficialismo.

El eje de esta presentación es determinar si existió trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el acceso a los préstamos.

Impacto político y primeras consecuencias

En medio del escándalo, la ministra Sandra Pettovello decidió desplazar a Leandro Massaccesi de la jefatura de Gabinete de su cartera, luego de que quedara involucrado por haber accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones.

Según trascendió, la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a que la operación contradecía la política de austeridad que promueve el Gobierno.

El caso suma tensión dentro del oficialismo y se convierte en un nuevo foco de conflicto político y judicial, en momentos en que la administración de Javier Milei busca ordenar su agenda y reducir el impacto de las controversias.