Miércoles de tensión en el Congreso: incidentes y represión por la Ley de Glaciares

Una jornada de alta tensión se vive este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad protagonizan incidentes en el marco de una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares.

La concentración comenzó en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a unos 700 metros del Parlamento, donde ambientalistas, organizaciones sociales y partidos de izquierda se reunieron antes de las 17 para marchar hacia la Plaza de los Dos Congresos.

En ese contexto, efectivos policiales montaron un cordón con apoyo de unidades motorizadas y un camión hidrante, con el objetivo de ordenar la circulación y evitar el avance de los manifestantes por la calzada. La intervención derivó en los primeros enfrentamientos.

“Es un exceso. Nos gasearon. Nos empujaron. Nos pusieron a todos los policías atrás, en fila, y empezaron a empujar. Veníamos desde 9 de Julio y nos desplazábamos a Congreso. Nos pusieron a todos los cascarudos y empezaron a golpearnos, empujarnos y gasearnos”, denunció un manifestante.

El conflicto se inició minutos antes de las 17, en la zona de Avenida de Mayo y San José, cuando la columna intentaba avanzar hacia el Congreso. Según se informó, al menos una persona fue detenida por “haber empujado a un efectivo”.

El operativo logró concentrar a los manifestantes en la Plaza Congreso, tras momentos de corridas, empujones y el uso de gases y la amenaza del camión hidrante para despejar la zona. El tránsito estuvo interrumpido de manera momentánea, aunque luego fue restablecido.

En paralelo, dentro del recinto, la Cámara de Diputados debate desde las 15 una reforma a la Ley de Glaciares, en una sesión que se anticipa extensa.

El proyecto propone limitar la protección ambiental a aquellas formaciones con función hídrica comprobada, además de delegar en las provincias la regulación de las zonas protegidas y otorgar a la Secretaría de Energía un rol clave en caso de disputas.

Desde el oficialismo y sectores mineros sostienen que la iniciativa permitiría destrabar inversiones por unos 20.000 millones de dólares, principalmente en proyectos de cobre y litio.

Por el contrario, organizaciones ambientalistas y referentes científicos advierten que la reforma implicaría un retroceso en la protección ambiental y podría poner en riesgo reservas estratégicas de agua, además de anticipar posibles judicializaciones.