La Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos

La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad alertaran sobre una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa.

La medida fue dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, quien dispuso una cautelar interina contra el Estado nacional y exigió que la Jefatura de Gabinete adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para asegurar el funcionamiento del organismo.

La resolución sostiene que la situación financiera y operativa del Banco Nacional de Datos Genéticos pone en riesgo la continuidad de pericias genéticas fundamentales para investigaciones vinculadas a apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

“Se producirá inevitablemente la interrupción o limitación significativa de los servicios del Organismo”, advirtió uno de los informes incorporados al expediente judicial.

Además, el documento señaló que “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”.

Riesgo sobre pruebas genéticas y causas judiciales

La presentación judicial fue impulsada por fiscales especializados en apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, entre ellos Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura.

Los funcionarios solicitaron medidas urgentes para evitar el deterioro operativo del organismo y alertaron sobre posibles daños en pruebas genéticas utilizadas en investigaciones judiciales.

En su fallo, Ramos Padilla afirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó que la Ley 26.548 establece que sus tareas deben realizarse “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”.

Según informes técnicos citados en la resolución, el organismo atraviesa dificultades presupuestarias, retrasos administrativos y problemas para sostener servicios básicos como seguridad, limpieza, mantenimiento informático y preservación de laboratorios.

“Se ha comenzado a afectar el pago a proveedores responsables de servicios críticos”, señala uno de los documentos incorporados a la causa.

Además, se detalló que durante 2026 el presupuesto aprobado representó apenas el 55,96% de los fondos requeridos para sostener el funcionamiento normal del organismo.

“La eventual interrupción de dichos servicios afecta de manera directa e inmediata el funcionamiento del BNDG”, advirtió la directora técnica del Banco.

Un organismo clave para el derecho a la identidad

Ramos Padilla sostuvo que el Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo “técnico esencial e irremplazable” para esclarecer casos de apropiación y supresión de identidad ocurridos durante la dictadura.

“Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad”, expresó el magistrado.

El juez también remarcó que el organismo conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas y advirtió sobre el riesgo de pérdida de “material genético de carácter único e irrepetible”.

En la resolución, además, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber del Estado de garantizar el derecho a la identidad y avanzar en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos.

“El derecho a la identidad integra el núcleo esencial de protección de la dignidad humana”, recordó el magistrado al mencionar el fallo Gelman vs. Uruguay.

Finalmente, el juez ordenó que la Jefatura de Gabinete presente en un plazo de cinco días un informe detallando las medidas adoptadas para garantizar el funcionamiento del organismo y requirió información adicional al Ministerio de Justicia y al propio Banco Nacional de Datos Genéticos.