La Justicia frenó parcialmente el cierre de más de 600 servicios del INTI

La Justicia Federal suspendió parcialmente la aplicación de la Resolución 42/2026, mediante la cual el Gobierno nacional había dispuesto el cierre de más de 600 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar impulsada por Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Según el fallo, el INTI deberá abstenerse de ejecutar actos administrativos vinculados con la cesación, transferencia o modificación de funciones, así como movimientos de inventario destinados a la reubicación o disposición del equipamiento técnico.

Además, la resolución judicial obliga al organismo a garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026”.

El fallo también dispuso la continuidad de programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del instituto.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y aseguró: “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”.

Asimismo, agregó: “La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”.

La Resolución 42/2026 había sido publicada el pasado 16 de abril y establecía la supresión inmediata de servicios considerados sin demanda suficiente o superpuestos con prestaciones del sector privado.

Desde el Gobierno argumentaron que la medida formaba parte de una política de simplificación administrativa, eficiencia estatal y reducción del gasto público, sin afectar —según señalaron— el rol estratégico del organismo.