Histórico fallo en Córdoba: la Justicia vinculó la vacuna Sputnik V con la muerte de una joven

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dictó un fallo sin precedentes al reconocer la responsabilidad del Estado Nacional en un caso de efectos adversos graves relacionados con la vacunación contra el COVID-19. La resolución ordena al Ministerio de Salud avanzar con la indemnización a la madre de Melina Agustina Sartori, la joven de 24 años que murió en 2021 tras recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Según se detalla en la sentencia, Sartori recibió la vacuna el 15 de julio de 2021 en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Seis días más tarde comenzó a presentar fuertes cefaleas y vómitos, por lo que debió ser internada de urgencia.

Los estudios médicos confirmaron que padecía síndrome de trombosis con trombocitopenia (STT), también conocido como VITT, una condición asociada a determinados casos de vacunación. Finalmente, la joven falleció el 29 de julio de ese año.

Tras su muerte, su madre, María Virginia Ruiz, inició un reclamo ante el Fondo de Reparación COVID-19 creado por la Ley 27.573. En un primer momento, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo rechazó el pedido al sostener que no existía evidencia suficiente para establecer un vínculo entre la vacuna y el fallecimiento.

Sin embargo, el caso dio un giro en mayo de 2024 cuando la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) revisó el expediente a partir de nueva evidencia científica y reclasificó el evento como “Relacionado A1”, reconociendo oficialmente la relación causal entre la inoculación y la muerte de la joven.

Los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos señalaron que el estándar legal no requiere “certeza absoluta”, sino la “preponderancia de la evidencia”. Además, remarcaron que distintos informes médicos descartaron otras posibles causas.

El tribunal también cuestionó la actuación del Estado por las demoras administrativas y por intentar condicionar el acceso a la indemnización mientras existía un reclamo judicial abierto.

De esta manera, la Cámara Federal ordenó al Ministerio de Salud concluir el trámite administrativo en un plazo máximo de 30 días para que la madre pueda acceder a la compensación económica prevista por ley, equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios, una suma cercana a los 100 millones de pesos.

El fallo se convierte en un antecedente relevante respecto a la responsabilidad estatal frente a daños derivados de políticas sanitarias de emergencia.