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El Gobierno designó a Transporte para regular Uber, Rappi y otras plataformas digitales

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La Secretaría de Transporte será la autoridad encargada de supervisar los servicios de movilidad y reparto que funcionan a través de aplicaciones tecnológicas.
lunes 01 de junio de 2026

El Gobierno nacional oficializó la designación de la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios prestados mediante plataformas digitales, una decisión que alcanza a empresas como Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa.

La medida fue establecida a través del Decreto 407/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarca dentro de los cambios impulsados por la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso.

A partir de esta disposición, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será la responsable de aplicar las normas que regulan la actividad de los prestadores independientes que operan mediante plataformas tecnológicas.

El alcance de la medida incluye tanto los servicios de transporte de pasajeros como las aplicaciones dedicadas al reparto de bienes y mercaderías. En tanto, la Secretaría de Trabajo continuará interviniendo en cuestiones vinculadas a convenios colectivos que pudieran desarrollarse dentro del sector.

Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que estas actividades están directamente relacionadas con la movilidad urbana y la logística, por lo que consideran que la supervisión debe recaer en un organismo con competencias técnicas específicas en materia de transporte, circulación y distribución.

Además, señalaron que la decisión busca brindar mayor previsibilidad regulatoria a un sector que registró un crecimiento sostenido en los últimos años y que se convirtió en una alternativa laboral para miles de personas.

La medida también se vincula con el nuevo régimen laboral para trabajadores de plataformas digitales incorporado en la reforma laboral. La normativa estableció que los conductores y repartidores que operan a través de aplicaciones serán considerados prestadores independientes y quedarán excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo.

De esta manera, el Gobierno ratificó un esquema regulatorio diferenciado para la denominada economía de plataformas, un sector que durante años estuvo atravesado por debates judiciales y discusiones sobre la naturaleza del vínculo entre las empresas tecnológicas y quienes prestan servicios mediante sus aplicaciones.