El Gobierno extendió el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales

El Gobierno nacional amplió el alcance del sistema de bloqueo de teléfonos celulares dentro de las cárceles y habilitó su aplicación en establecimientos penitenciarios provinciales que adhieran al protocolo nacional.

La decisión quedó establecida este jueves a través de la Resolución 734/2026 del Enacom, publicada en el Boletín Oficial. El mecanismo ya se encontraba vigente para las unidades penitenciarias federales.

Según la normativa, las empresas de telefonía móvil deberán bloquear tres elementos vinculados con cada dispositivo detectado: el IMEI, que permite identificar el equipo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica correspondiente.

La disposición contempla los equipos que sean activados tanto dentro de las áreas de detención como en sectores de acceso restringido al público dentro de los establecimientos alcanzados.

El Ministerio de Seguridad tendrá a su cargo los pedidos

El procedimiento no será automático. Cada bloqueo deberá ser solicitado expresamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que será además el canal encargado de transmitir a las empresas de telefonía los requerimientos realizados por las provincias que adhieran al protocolo.

De esta manera, las jurisdicciones provinciales no podrán solicitar directamente a las compañías la inhabilitación de una línea, una tarjeta SIM o un equipo, sino que deberán canalizar el pedido a través de la cartera nacional.

Localización e inhibición selectiva

La incorporación de las cárceles provinciales al esquema se produjo luego de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom.

La cartera mendocina había advertido sobre el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales y solicitado una normativa que incorporara expresamente a esas unidades al sistema preventivo.

En ese marco, Mendoza impulsó una licitación pública para adquirir plataformas destinadas a la localización, inhibición selectiva y georreferenciación.

Hasta la modificación, el procedimiento estaba restringido al sistema penitenciario federal. La nueva resolución modificó el artículo 5 del régimen aprobado en 2016 para el bloqueo de terminales denunciadas por robo, hurto o extravío y agregó la posibilidad de aplicar este mecanismo en establecimientos penitenciarios.

La medida deberá respetar límites técnicos

La resolución establece además que las herramientas utilizadas para realizar los bloqueos deberán configurarse de manera que la restricción no afecte las comunicaciones fuera del perímetro de las cárceles.

El objetivo es evitar que la medida alcance a personas, comercios o usuarios que se encuentren en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios y no estén vinculados con ellos.

Por otra parte, las empresas prestadoras deberán registrar y conservar todas las gestiones realizadas, con mecanismos que garanticen la integridad y trazabilidad de la información. Esos registros deberán quedar disponibles para los usuarios y las autoridades que los requieran.

En los fundamentos de la resolución, el Enacom señaló la necesidad de reforzar estrategias para prevenir, disuadir y neutralizar conductas delictivas intramuros relacionadas con el uso de tecnologías de telecomunicaciones.

El organismo también recordó que el artículo 160 de la Ley 24.660 prohíbe las comunicaciones telefónicas mediante equipos móviles dentro del sistema penitenciario.

Un antecedente judicial

La ampliación del mecanismo se conoce meses después de un caso judicial ocurrido el 21 de febrero de 2026, cuando la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó decomisar los teléfonos celulares de cuatro detenidos acusados de integrar la denominada Banda del Millón.

Los sospechosos eran investigados por el homicidio de una jubilada en San Isidro y señalados como presuntos organizadores de robos violentos desde sus lugares de detención.