El Gobierno modificó el RIGI y habilitó a empresas extranjeras a competir por contratos locales

Un decreto eliminó el requisito de mayoría de capital argentino para integrar el cupo del 20% de proveedores locales. La reforma también introduce cambios en los plazos de inversión, las estructuras societarias y el ingreso de divisas para los grandes proyectos.

El Gobierno nacional modificó las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó a empresas de capital extranjero, constituidas y domiciliadas en Argentina, a competir por el cupo mínimo del 20% destinado a la contratación de proveedores locales. La decisión elimina la exigencia de que la mayoría del capital o el control societario esté en manos de argentinos y amplía la participación de filiales de multinacionales en los grandes proyectos de inversión.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La reforma no modifica el porcentaje obligatorio de contratación local, pero sí cambia los criterios para determinar qué empresas pueden ser consideradas proveedoras nacionales.

Hasta ahora, las compañías debían estar constituidas y domiciliadas en el país y contar con al menos un 51% de su capital o control societario en manos de personas humanas o jurídicas con domicilio fiscal en Argentina. Con la nueva disposición, ese requisito quedó eliminado: alcanza con que la firma esté constituida y domiciliada en el territorio nacional, independientemente del origen de sus accionistas.

De esta manera, una empresa controlada íntegramente por capitales extranjeros podrá participar del cupo del 20% y competir en igualdad de condiciones con compañías argentinas por los contratos de suministro de bienes y obras vinculados con proyectos de minería, energía e infraestructura.

Más competencia para las empresas nacionales

El cambio amplía el universo de compañías habilitadas para participar en las cadenas de suministro de las grandes inversiones. En la práctica, las pequeñas y medianas empresas argentinas deberán disputar esas contrataciones con filiales locales de multinacionales que también podrán ser reconocidas como proveedoras dentro del RIGI.

Sin embargo, la normativa mantiene una distinción entre el domicilio de la empresa y el origen de los productos que comercializa. En el caso de los bienes, continúan vigentes las reglas de origen nacional establecidas en el marco del Mercosur. Por lo tanto, que una compañía esté constituida en Argentina no convierte automáticamente en nacionales a los productos que importa o distribuye.

Según los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que la modificación busca ampliar la participación de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro y promover una mayor concurrencia de proveedores, sin establecer diferencias por la composición de su capital.

La decisión, no obstante, representa un cambio significativo para la industria nacional y va en sentido contrario a uno de los planteos que la Unión Industrial Argentina (UIA) había presentado al Gobierno.

En junio pasado, la entidad fabril había reclamado que el porcentaje mínimo del 20% se destinara exclusivamente a bienes con valor agregado local, con el objetivo de priorizar a los fabricantes nacionales y fortalecer a los proveedores industriales argentinos.

Cambios en los plazos de inversión y las estructuras societarias

El decreto 1366/2026 también incorpora modificaciones en otros aspectos del régimen. Uno de ellos está relacionado con los plazos que deben cumplir los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo para alcanzar los montos mínimos de inversión exigidos.

La nueva reglamentación establece una fecha límite global para acreditar el monto mínimo de inversión en activos computables de cada proyecto. De esta manera, diferencia los compromisos correspondientes a cada etapa del cumplimiento del monto total requerido para el desarrollo en su conjunto, sin modificar los montos mínimos ni las obligaciones de inversión establecidos.

Otro de los cambios alcanza a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras societarias utilizadas para ejecutar las inversiones adheridas al RIGI.

La normativa incorpora nuevas condiciones para la incorporación de accionistas, las transferencias de participaciones y las reorganizaciones societarias. Entre otros puntos, establece que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no modifica los derechos del proyecto dentro del régimen, aunque el dinero utilizado para comprar esas participaciones no podrá contabilizarse como inversión en activos computables.

También se establecieron procedimientos para las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos. Cuando se produzcan cesiones de participaciones o el ingreso de nuevos integrantes, las operaciones deberán notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción en el Registro Público.

A partir de esa comunicación, el organismo tendrá 30 días corridos para formular observaciones. Si no existen objeciones dentro de ese plazo, la operación se considerará conformada. Los nuevos integrantes, además, deberán cumplir con las condiciones del régimen y asumir los compromisos de inversión y las garantías pendientes.

La reforma también contempla la posibilidad de reorganizar Sucursales Dedicadas mediante la transferencia integral de activos, pasivos, derechos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), siempre que exista autorización previa de la autoridad de aplicación.

Qué cambia con el ingreso de divisas

El último eje de la modificación está relacionado con el tratamiento de los dólares provenientes del exterior y las condiciones para que puedan computarse dentro de las operaciones financieras de los proyectos.

La nueva reglamentación amplía las posibilidades de acreditar el ingreso de divisas mediante aportes de accionistas no residentes o endeudamientos financieros externos, incluidas las emisiones de valores negociables.

Estos fondos podrán ser ingresados y liquidados por accionistas directos o indirectos y determinadas sociedades vinculadas a los proyectos, siempre que se destinen efectivamente al desarrollo de la inversión y exista documentación contable que permita verificar su trazabilidad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrá establecer los procedimientos de control y las condiciones para el acceso al mercado de cambios.

Además, el decreto contempla condiciones específicas para determinados Vehículos de Proyecto Único, especialmente cuando sus estudios de factibilidad económica incluyan los incentivos cambiarios previstos en el RIGI. En esos casos, el acceso al mercado de cambios podrá quedar sujeto a que las divisas ingresadas y liquidadas alcancen los montos demandados por el proyecto, con las excepciones previstas para determinados pagos de intereses y dividendos.

Con esta reforma, el Gobierno introduce cambios en las condiciones de participación empresarial, los compromisos de inversión y el funcionamiento financiero del RIGI. Uno de los puntos centrales será el impacto que tendrá la apertura del cupo de proveedores locales sobre la competencia entre las empresas argentinas y las filiales de capital extranjero.