Privatización de AySA: Milei habilita los cortes de agua por falta de pago

El Gobierno nacional publicó el DNU que permite la venta de acciones de AySA y el ingreso de capital privado en la empresa.

En ese marco, eliminó la prohibición que existía sobre las interrupciones del servicio a los hogares con deudas en sus facturas. La nueva concesionaria podrá subir las tarifas trimestralmente y agregar aumentos extraordinarios.

El gobierno de Javier Milei avanzó con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y aprovechó para sumar una medida que perjudica a los usuarios, en un contexto de aumentos de tarifas y pérdida de poder adquisitivo.

Hasta ahora no estaba permitido el corte de servicio a los usuarios residenciales que tuvieran deudas en sus facturas, pero de acá en más la empresa estará habilitada a hacerlo.

El DNU 493/2025 sustituye más de 100 artículos del actual régimen regulatorio aprobado en 2006 y cambia las condiciones de operación de la concesionaria, que podrá ahora garantizar financiamiento con los fondos de la explotación, cortar el servicio en caso de mora en los pagos y comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal.

“La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes”, afirma el artículo 81 del nuevo marco regulatorio publicado en el Boletín Oficial.

Para los usuarios residenciales hasta ahora regía una prohibición de corte del servicio. La empresa solo estaba habilitada a restringirlo, es decir a reducir el caudal de agua, pero no podía interrumpirlo por completo. Ahora, tras 60 días de mora en el pago de la factura, la compañía podrá proceder al corte total.

Para los usuarios no residenciales regía un plazo de gracia de 60 días antes de que se pudiera cortar el servicio, que ahora fue acortado a solo 15 días.

El decreto de Milei apenas aclara que “en todo momento se deberá considerar la protección de la salud pública” y la concesionaria “no podrá ejercer su facultad de corte respecto de hospitales, sanatorios y cárceles, sean estos públicos o privados”.

En un contexto de aumentos tarifarios -que se espera que se aceleren con la privatización de AySA- y pérdida del poder adquisitivo, el impacto sobre los hogares puede ser enorme.