En su día, las personas con discapacidad marcharon contra Milei: denuncian ajuste, discriminación y corrupción

Organizaciones de personas con discapacidad marcharon ayer 3 de diciembre, Día Mundial de la Discapacidad, contra el Gobierno de Javier Milei, denunciando ajuste, discriminación, corrupción y la falta de aplicación de la Ley de Emergencia. Reclaman terapias interrumpidas, aranceles congelados, recortes de pensiones y un deterioro que pone en riesgo a miles de familias. Ana Dones, referente de REDI, señaló que, a 25 años de la declaración de la ONU que fijó la fecha, los avances han sido insuficientes y la crisis actual es la más grave que recuerdan. Afirmó que niños quedaron sin tratamientos y adultos sin pensiones, mientras estallaban escándalos de coimas en el área de discapacidad. Las organizaciones convocaron a una jornada de lucha que partió desde la ANDIS hacia el Congreso, junto a jubilados, médicos del Garrahan y movimientos sociales. No es la primera movilización del año: el colectivo protagonizó numerosas marchas que lograron instalar el tema en la agenda pública.  La actriz Valentina Bassi, una de las voces visibles del reclamo, sostuvo que el Gobierno “eligió a las personas con discapacidad como enemigos”. Explicó que teme que su hijo con TEA pierda su escolaridad especial por la crisis de los prestadores, agravada por atrasos de pagos, deudas y aranceles congelados. Señaló que muchos acompañantes terapéuticos abandonan su trabajo por salarios insuficientes, afectando vínculos que requieren años para construirse. Los datos presupuestarios respaldan las denuncias. Según ACIJ, el programa estatal Incluir Salud sufrió un recorte real de $300 mil millones y quedó envuelto en el escándalo de coimas. Para frenar el deterioro, las organizaciones impulsaron la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría. Tras el veto presidencial y su posterior rechazo en el Congreso, el Gobierno la promulgó sin asignar los fondos necesarios. Las compensaciones ofrecidas fueron menores a las fijadas por ley, dejando al sistema al borde del colapso. En paralelo, avanzaron recortes masivos de pensiones por invalidez, apoyados en auditorías irregulares y notificaciones defectuosas. Un fallo de la Cámara Federal de Catamarca ordenó restituir cerca de 200 mil pensiones dadas de baja. Sin embargo, ACIJ advierte que para 2026 el Gobierno proyecta un nuevo recorte de casi 200 mil beneficios. Dones afirmó que denunciaron estos abusos ante la Justicia argentina y organismos internacionales, pero el Gobierno se mantuvo intransigente hasta que el caso de coimas frenó sus avances. Pese al desgaste, muchas organizaciones valoran que la movilización expuso la crueldad oficial: “Nos despertamos. Enfrentamos la motosierra y logramos frenos importantes. Ahora necesitamos ir por más”, concluyeron.