El gobierno nacional obliga al paro de la CGT por la eliminación de derechos, entre ellos, las licencias por enfermedad

La decisión del gobierno de Javier Milei de acelerar la sanción de la reforma laboral empujó a la Confederación General del Trabajo (CGT) a convocar un paro nacional de 24 horas, en rechazo a lo que considera una avanzada contra derechos históricos de los trabajadores, entre ellos las licencias por enfermedad.

La medida de fuerza, que sería el cuarto paro general desde la asunción de los libertarios, se realizaría el jueves 19 o el día en que se concrete la sesión en Diputados. La convocatoria fue definida en una reunión virtual del consejo directivo cegetista, luego de que trascendiera la intención oficial de aprobar el proyecto esta misma semana para que el Presidente pueda exhibirlo como un logro en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 1° de marzo.

En el centro del conflicto está el artículo 44 del proyecto, que habilita la reducción salarial en casos de enfermedades no vinculadas a la tarea laboral. Para la CGT y amplios sectores sindicales, se trata de una modificación regresiva que recorta derechos adquiridos y expone a los trabajadores a una mayor vulnerabilidad.

La adhesión de los gremios del transporte le otorga a la huelga una potencia decisiva. La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticiparon su acompañamiento. Si trenes y colectivos paralizan sus servicios, el impacto en el Área Metropolitana y en las principales ciudades del país será determinante.

No obstante, dentro de la propia CGT persisten tensiones. Sectores más combativos, como la UOM y el Frente Sindical Unido, reclamaban además una movilización masiva frente al Congreso. La propuesta fue desactivada por los sectores denominados “Gordos” e “Independientes”, que priorizaron el paro sin convocatoria centralizada, aunque distintas organizaciones sociales y políticas ya adelantaron que se movilizarán de todos modos.

En paralelo, la conducción cegetista mantiene gestiones para intentar introducir modificaciones al texto aprobado en el Senado. Incluso bloques aliados al gobierno expresaron reparos sobre el capítulo de licencias médicas. La expectativa sindical es que se logren cambios que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara alta, lo que demoraría su sanción definitiva y frustraría el objetivo político del oficialismo.

Desde la Casa Rosada, en cambio, apuestan a que el proyecto se vote sin alteraciones. Cualquier modificación implicaría dilatar el trámite legislativo y pondría en riesgo el impacto político que Milei busca capitalizar en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Más allá de las negociaciones parlamentarias, en la CGT reconocen que el alcance del impacto aún es incierto, pero advierten que la reforma implicará un retroceso profundo en materia de derechos laborales. “No se puede permitir que se avance sobre conquistas históricas como las licencias por enfermedad”, señalan desde el entorno sindical.

Con el paro ya lanzado y el Congreso como escenario central de la disputa, el conflicto entre el gobierno y el movimiento obrero entra en una fase decisiva que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación entre la administración libertaria y las organizaciones sindicales.