Pensiones por discapacidad: el Gobierno solo resolvió 10.374 solicitudes y acumula 227.354 pendientes

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei se resolvieron 10.374 solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad: 8.633 otorgadas y 1.741 rechazadas. Todo esto, mientras se acumulan 227.354 pendientes. Más de 90.000 de ellas, iniciadas durante la actual gestión.

“La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis”, advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los datos se desprenden de un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Salud sobre el estado de las nuevas solicitudes de pensiones a la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS). El pedido se presentó en marzo. La respuesta llegó en junio.

“Cientos de miles de solicitudes de pensiones no contributivas por discapacidad siguen sin resolverse sin explicación. Se trata de personas con discapacidad que esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice su derecho a una pensión. Para muchas, ese ingreso cubre sus necesidades básicas. La demora se traduce en situaciones de extrema vulnerabilidad para ellas y quienes las cuidan, en un contexto de incremento del costo de vida”, señaló el CELS.

Emergencia en Discapacidad
La no resolución de nuevos expedientes se suma a una reducción en el universo de pensiones abonadas. A mediados del año pasado, el informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso reflejó que “en diciembre de 2023 se abonaron 1.222.554 Pensiones No Contributivas por Invalidez, mientras que en marzo de 2025 (última información disponible) dicho guarismo fue de 1.187.136”.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló por entonces que “esto implica que desde el inicio de la gestión de Javier Milei el número total de pensiones por invalidez disminuyó un 2,8%”.

Un año antes, en agosto de 2024, la ANDIS había iniciado un proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez laboral con el objetivo de corroborar si los beneficiarios cumplían con los requisitos para acceder a la prestación. El control se inició en la Ciudad de Buenos Aires y a partir de 2025 se extendió al resto de las provincias, con denuncias de irregularidades y maltratos durante su realización.