El Gobierno apelará el fallo que suspendió la reforma laboral

El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de más de 80 artículos de la Ley de Reforma Laboral, tras una medida cautelar impulsada por la CGT.

La decisión judicial fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que hizo lugar al planteo sindical y dispuso la suspensión provisoria de distintos puntos de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, mientras se analiza su constitucionalidad.

Desde Casa Rosada anticiparon que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, en defensa de la normativa sancionada por el Congreso el pasado 26 de febrero.

La apelación será presentada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.

En un comunicado oficial, la cartera sostuvo que “reafirma su firme compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”.

Además, el Gobierno remarcó que “se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".

En el mismo texto, también cuestionó a quienes impulsaron la medida: “rechaza los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”.

El fallo fue firmado por el juez Jorge Ojeda, quien resolvió hacer lugar a la cautelar presentada por la CGT. La medida tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

En su resolución, el magistrado consideró que el planteo sindical advierte sobre posibles afectaciones a derechos laborales y sindicales, así como cambios que podrían vulnerar principios constitucionales vinculados con la protección del trabajo y la libertad sindical.

El fallo también subraya que la suspensión busca evitar consecuencias que podrían resultar difíciles de revertir si la ley entrara plenamente en vigencia antes de una resolución definitiva.

Según el juez, la medida cautelar apunta a prevenir “daños jurídicos o materiales de difícil reparación” para los trabajadores mientras continúa el proceso judicial.

La decisión abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y los sectores sindicales por el rumbo de la legislación laboral en la Argentina.